Presupuesto Participativo, el programa que espera desde hace 20 años

El Presupuesto Participativo es una política que combina el sistema de democracia “representativa” con la llamada democracia “participativa” o “directa”. Sin dudas, se trata de una herramienta esencial para los movimientos vecinalistas y barriales.

En Salta, la Ordenanza de creación del programa de Presupuesto Participativo es del año 2003. Sin embargo, hasta el momento no se ha logrado ejecutar de manera exitosa, sino apenas como una experiencia piloto, a fines de 2015.

Definido técnicamente, se trata de un “proceso de intervención directa, permanente, voluntaria y universal en el cual la ciudadanía, conjuntamente con el gobierno, delibera y decide qué políticas públicas se deberán implementar con el presupuesto estatal”.

La primera experiencia de Presupuesto Participativo (PP) a nivel mundial se llevó adelante en la ciudad brasileña de Porto Alegre, en 1989, tras la victoria del Partido de los Trabajadores en las elecciones municipales. Desde entonces, este sistema ha registrado un importante crecimiento a nivel latinoamericano, destacándose su desarrollo en países como Colombia, Perú, Bolivia, Venezuela y Ecuador.

En Argentina, su origen está vinculado a la crisis de 2001. La primera ciudad en instrumentarlo fue Rosario, en la provincia de Santa Fe, en el año 2002. En la actualidad se realiza en más de 50 municipios, con una clara superioridad de aquéllos pertenecientes a la provincia de Buenos Aires, seguidos por Santa Fe, Entre Ríos, Mendoza y Córdoba.

 Salta: un intento fallido

En nuestra ciudad capital el PP surgió casi contemporáneamente con el de Rosario. Sin embargo, la experiencia salteña no corrió la misma suerte.

La primera ordenanza de Presupuesto Participativo (11.887) fue promulgada en 2003. En ella se establecen los tres objetivos principales: garantizar la intervención directa de los vecinos en la elaboración de las prioridades barriales; participar en la discusión de las políticas presupuestarias del Municipio; y realizar el seguimiento de los recursos asignados.

La ordenanza también dispone la creación de Foros Barriales de debate en los que, vecinos, asociaciones civiles y organizaciones territoriales definirán las propuestas de interés para el barrio.

Recién doce años después de la aprobación de la ordenanza, en 2015, el programa de Presupuesto Participativo se puso en práctica. Con el asesoramiento de la Red Argentina de Presupuesto Participativo (RAPP), en sus últimos meses al frente del Ejecutivo comunal, el ex intendente Miguel Isa anunció con bombos y platillos la ejecución del programa: se destinarían $14 millones para realizar obras que los vecinos entendieran como prioritarias.

La ciudad se dividió en 7 zonas y la suma asignada al programa se dividió en partes iguales: 2 millones para cada una. El monto resultaría insuficiente para las necesidades de los casi 350 barrios, pero al menos serviría como una prueba piloto. Sin embargo, tras llevar adelante distintas instancias de debate barrial, la ejecución del programa quedó trunca.

Durante los años siguientes, no se volvió a hablar de aquella experiencia fallida. No obstante, en los períodos 2017, 2018 y 2019 (Gustavo Sáenz intendente), el Municipio destinó una partida de $200 mil por año para el PP, suma realmente irrisoria.

En 2017, además, se discutió en el Concejo Deliberante un proyecto de Ordenanza que proponía una asignación presupuestaria anual para este programa, equivalente al 1% de lo percibido en concepto de Impuesto Inmobiliario Urbano. Desafortunadamente, la discusión tampoco llegó a buen puerto. De aprobarse ese proyecto, en 2025 se habrían destinado cerca de $80 millones y para 2026, $120 millones.

Con la gestión de Bettina Romero la situación no cambió demasiado. Si bien se elevaron los montos de las partidas para el PP ($16 millones en 2022), el programa continuó siendo una promesa de campaña.

Pero en agosto de ese año el PP volvió al Concejo Deliberante, a través de un proyecto de la edil Carolina Am, que mantenía la esencia de la normativa original y aportaba dos elementos fundamentales en cuanto a la financiación y a la distribución de los recursos.

En primer lugar, el monto afectado al Presupuesto Participativo debería ser “igual o mayor al 10% de la recaudación anual presupuestada de la sumatoria entre el Impuesto Inmobiliario y la Tasa General de Inmuebles”. Según el Presupuesto 2026, esto representaría $4.300 millones, es decir, entre 4 y 6% del Plan de Obras Públicas.

La otra novedad que se introducía era la del índice de carencia, aplicable al momento de la ejecución de las obras. Del total de recursos, el 50% se debía distribuir en partes iguales para cada una de las 10 zonas en que se dividiría la ciudad; y el otro 50%, en forma directamente proporcional al grado de marginación urbana que establezca el cálculo del índice de carencia (según datos del último Censo). En otras palabras: a mayor marginación, mayor cantidad de recursos.

Este proyecto resultó aprobado, convirtiéndose en la nueva ordenanza de Presupuesto Participativo (15.982), normativa que, lamentablemente, todavía sigue sin ponerse en práctica.