Fue aprobado en 2003, reformulado en 2022, pero nunca tuvo ejecución plena. Uno de los objetivos es “garantizar la intervención directa de los vecinos en la elaboración de las prioridades barriales”.
Concejales oficialistas piden gestionar compensación tributaria nacional. También podrían haberle pedido al gobernador que hable con “la Jefa” para conseguir el beneficio.
La primera licitación, por $5.230 millones, se anuló en marzo, tres días antes de la apertura de ofertas. En el nuevo pliego se eliminó la posibilidad de convocar a importación directa de fabricantes globales. Quedaron solo 9, de los 40 barrios previstos inicialmente para renovar el alumbrado público y hay otros sensibles cambios técnicos en el pliego.