Carta UrbanaCon dos votos negativos del bloque Juntos, el Concejo Deliberante aceptó este miércoles el veto del Ejecutivo Municipal a la Ordenanza de creación de la Guardia Urbana Municipal, que se sancionó en noviembre de 2025.
La concejal Agustina Álvarez se mostró sorprendida porque 18 concejales que dieron voto positivo y 9 de los que votaron en ese momento, siguen siendo parte del cuerpo.
El fundamento esencial del veto, que se produjo a través del Decreto 773 del 23 de diciembre de 2025, es que la Ordenanza sancionada, “a pesar de haberse dispuesto a la creación de la Guardia Urbana Municipal y del centro de monitoreo, no se ha indicado cuál será la fuente de financiamiento respectiva, limitándose a establecer que se habilitará una partida presupuestaria, disposición que, en modo alguno, colma la exigencia impuesta por el régimen contable municipal”.
La concejal Álvarez dijo que el Ejecutivo tiene la posibilidad de mover el 50% de las partidas del Presupuesto; eso se podría hacer si existiera voluntad. Si hay muchas urgencias para atender, se puede sacar el 50% de lo destinado a publicidad y propaganda y ponerlo en la Guardia Urbana.
Señaló que el 50% de las acciones que establece la Ordenanza vetada no requieren alto presupuesto y si es necesario contratar personal, la Municipalidad tiene 2.597 empleados de planta y 761 transitorios. Se pueden redistribuir tareas poniendo a un montón de personas a trabajar en mantener el cuidado de los espacios públicos. Los espacios se destruyen y los ciudadanos terminan poniendo la plata.
Dijo que la Red de Monitoreo Vecinal, que estaba prevista en la Ordenanza vetada, no necesitaba presupuesto, pero si voluntad. Los vecinos podrían, aceptando formalmente el pedido, incluir sus cámaras a esa red. Hubiera sido bueno, porque hay criticas y mucho enojo por la inseguridad que se vive y las respuestas y soluciones podrían llegar desde la Municipalidad.
Dijo que dentro de la comisión que analizó el veto hubo contradicciones; una persona dijo que la seguridad no es competencia municipal, lo cual es correcto, pero después, dijo que el ciudadano no entiende de competencias, que cómo le podemos explicar que no le vamos a dar una solución.
Álvarez dijo que se podría haber hecho una aplicación progresiva, invitó a sus pares a rechazar el veto, que no es una cuestión presupuestaria sino netamente voluntaria.
Al rechazar el veto el concejal Gonzalo Nieva, (Juntos)principal impulsor de la norma vetada, apoyó las palabras de Álvarez, citó el mensaje de apertura de sesiones del intendente municipal, cuando hizo hincapié en el concepto de orden y cuidado de los espacios públicos.
El espíritu de la Ordenanza era dar cumplimento práctico y efectivo al control y cuidado de los espacios públicos. La gestión está invirtiendo en la recuperación de los espacios públicos y es necesario un cuerpo que se dedique al cuidado de esos espacios.
Nieva citó la creciente práctica de los trapitos y del uso desnaturalizado de los espacios púbicos y que no hay un cuerpo que realice esas acciones.
Sobre el Decreto de veto y la falta de asignación de partidas en la norma vetada, Nieva dijo que en diciembre pasado se puso en marcha Centro de Monitoreo en el área de Tránsito. También se adjudicó un sistema de cámaras de videovigilancia por 487 millones de pesos.
Dijo que buscamos que se lleve a cabo el concepto de orden expuesto por el intendente, que la Ordenanza preveía la implementación gradual y la asignación de recurso humano que ya forma parte de la planta municipal.
La concejal Camila Lobo (Por Salta) que asumió su banca con posterioridad a la sanción de la Ordenanza vetada, dijo que para poder salir a la calle cualquier empleado municipal debe cobrar ciertos adicionales. Por más que se use el mismo personal hay incremento en el gasto y si se afecta a los que ya salen a la clla, es sobrecargar tareas.
Dijo que no hay falta de voluntad, sino una cuestión netamente presupuestaria y de prioridad en la gestión y queda claro que no es una cuestión de voluntad; en estos dos años se instalaron 17.000 luminarias led y se proyectan otras 17.000 no solo para que quede bonito, sino para aportar a la seguridad. El proyecto conllevaba un gasto y a la hora de gestionar hay que saber priorizar.
Gustavo Farquarshon, que en noviembre acompañó efusivamente la sanción de la Ordenanza vetada dijo en esta ocasión que le preocuparía más que un Ejecutivo no tena suficiente responsabilidad de hacerse cargo de una gestión sin tener los recursos. Dijo que en ningún momento el veto rechaza la esencia del proyecto, simplemente y me parece muy atinado, la explicación tiene que ver con el equilibrio financiero y hacerse cargo presupuestariamente de lo que implica poner en marcha el proyecto. No se trata de voluntad política, si hay un Ejecutivo tiene voluntad para generar condiciones para que los salteños vivan mejor, es este Ejecutivo. Nosotros tenemos la posibilidad de legislar, proponer y el Ejecutivo la potestad y la función de determinar si la puede llevar adelante o no y es quien manda las políticas ejecutivas, por eso este veto, porque no se está en condiciones de llevar adelante este programa.
Cabe recordar que en ocasión de la sanción de la Ordenana vetada, Farquarshon dijo que el objetivo es “tener una ciudad más segura, donde los vecinos salgan a trabajar con tranquilidad, donde puedan ir a estudiar con tranquilidad, donde los jóvenes puedan salir sin vivir situaciones de inseguridad”. Afirmó que ello requiere la intervención del Estado, “elaborando políticas, invirtiendo recursos y haciéndolo con personas especializadas y con organismos e instituciones profesionales que entienden en la materia”.
