Ratificó el Concejo Deliberante el convenio para que AMT controle taxis y remises

Gonzalo Nieva: “El convenio tiene serias fallas y no obliga a la AMT a rendir cuentas”.

Laura Jorge: “Hubo un apriete de la AMT”

José García: “El convenio no significa que la AMT pueda ningunear y hacer lo que quiera”.

Eliana Chuchuy: “El convenio no implica ceder competencias” 

Agustina Álvarez: “No podemos delegar facultades relacionadas a un servicio público”.

Gonzalo Corral: “Si el municipio retoma a la competencia, los 380 millones los va a tener que pagar el contribuyente”.

Con 14 votos a favor y 4 en contra el Concejo Deliberante ratificó el miércoles último  el nuevo convenio que el intendente Emiliano Durand firmo el 13 de agosto último con la AMT (Autoridad Metropolitana de Transporte).

Por ese convenio la Municipalidad delegó en el  organismo provincial, la totalidad de las  facultades y potestades referidas al servicio público de taxis y remises, incluida la potestad disciplinaria sobre contravenciones relativas al servicio. Del debate sobre este tema participaron 6 concejales sobre los 18 que asistieron a la sesión.

En contra de la ratificación del convenio votaron Gonzalo Nieva, Agustina Álvarez, Laura Jorge y Elisea Sarapura.En la misma sesión el se aprobó por unanimidad, una Ordenanza que amplía de 10 a 15 años el límite de antigüedad de los vehículos afectados al servicio de taxis y remises.

La firma del nuevo convenio, estuvo precedida por la repentina rescisión unilateral por parte de la AMT, de un acuerdo inmediato anterior, firmado el 6 de diciembre de 2024, con vencimiento el 10 de diciembre de 2025.

Ese convenio, del 10 diciembre de 2024, era a su vez, producto de sucesivas y reiteradas prórrogas y renovaciones, del que se firmó originalmente en 2009, tras un escándalo público por la irregular adjudicación de licencias municipales de taxis por antigüedad y el elevado número de transferencias de licencias de remis, con poco tiempo de adjudicación.

El SeMUPDiT y la AMT

Así se mantuvo hasta que, en abril de este año, el intendente Emiliano Durand concretó la legalización del sistema de plataformas digitales que gestionan viajes. El 9 de abril el Concejo Deliberante sancionó la Ordenanza que regula el Servicio de Movilidad para Usuarios de Plataformas Digitales de Transporte (SeMUPDiT), promulgada una semana después con el número 16.377.

La vigencia de esa Ordenanza cayó muy mal en la conducción de la AMT, que siempre se opuso a la legalización del servicio de viajes por plataformas digitales.

Así, el directorio de AMT decidió el 22 de mayo que, el objetivo del último convenio estaba cumplido, que el sistema de transporte automotor estaba reordenado y por lo tanto se rescindía el acuerdo con la Municipalidad, medida se tornaba operativa el 23 de julio.

La AMT emitió un breve comunicado de prensa, avisando que, a partir del 24 de julio, todos los trámites inherentes al servicio impropio debían hacerse ante la Municipalidad.

El Ejecutivo municipal guardó absoluto silencio, ni el intendente, ni funcionario alguno habló del tema, tampoco hubo información oficial municipal, hasta que el 13 de agosto se anunció la firma del nuevo convenio, que tampoco fue difundido oficialmente por la Municipalidad, ni posteado en las redes sociales del intendente.

Fiscalización

La principal novedad del nuevo convenio es que, a partir de 2026, la Municipalidad deberá pagar a la AMT, por cuenta y orden de los licenciatarios de taxis y remis  80 litros de gas oíl común anuales por vehículo habilitado, en concepto de tasa de fiscalización. Al momento de la firma, el precio del gas oil  estaba fijado en $1.387, lo que implica $388 millones.

“Unilateral, intempestivo”

 El presidente de la comisión de Tránsito y Transporte, Gonzalo Nieva, que voto en contra de la ratificación del convenio, dijo que la devolución de las facultades delegadas que hizo la AMT en el mes de julio de este año fue “unilateral, intempestiva y sorpresiva¸ dos semanas después terminan firmando un nuevo convenio por el cual aceptan las delegaciones de competencia que en su momento habían devuelto”.

Concejal Gonzalo Nieva

Prestación de servicios

Advirtió Nieva que no se enfocaría en la autonomía municipal, resaltó que se incorporó en este nuevo convenio una tasa de fiscalización que ya no está a cargo de los licenciatarios de taxis y remis, sino que es asumida por la Municipalidad con lo cual estamos ante una prestación de servicios”. De manera implícita y claramente, por fin la AMT está reconociendo que la competencia originaria es del municipio capital. La competencia originaria que tanto tiempo nos llevó a dilucidar, por fin queda zanjada, es una competencia nuestra”.

Nieva dijo que “lo que no se puede entender, y este es el fundamento objetivo de mi voto negativo, es que, en el convenio, al ser un convenio de prestación de servicio, no hay ninguna cláusula por la cual se establezca una rendición de cuentas de parte de la AMT hacia el municipio”. El convenio que estamos tratando, adolece de serias fallas, y sobre todo porque no se han incorporado cláusulas de rendición de cuentas”.

Para Nieva, la AMT se considera un pequeño feudo, que no tiene que rendir explicaciones a nadie y tendría que ser la primera obligada a rendirnos de manera propia, trimestralmente, y por motus propio, la gestión del control, la asignación de licencias, el padrón y qué pasa con las licencias por antigüedad”.

“Un apriete y todo falso”

“Te devuelvo facultades, las quiero de nuevo; parece una telenovela”, dijo la concejal Laura Jorge (LLA) sobre el convenio y agregó: “para mí esto fue literal, un apriete de parte de la AMT para el municipio devolviéndole las facultades; y ¡“oh! casualidad, después de unos días aparece sorpresivamente ese pago de $380 millones por parte del municipio hacia la AMT y vuelve de nuevo el amor entre la AMT y el municipio”.

Concejal Laura Jorge

Jorge mencionó que “se habló de incorporar una mesa de trabajo, para que se vayan acordando cómo esas facultades pasaban de la AMT hacia el municipio.” Recordó que “era un compromiso que había tomado el intendente con el sector de taxis y remises; bueno, vimos que todo fue falso, una mentira total esa mesa nunca se conformó. No sé a quién responde la AMT, se ve que es alguien que esta más arriba del intendente porque hacen lo que quieren, lo que se les da la gana”. 

Una mesa sin efectos concretos

Inmediatamente José García(Yo participo) se reivindicó como creador de la mesa de diálogo; “me toca muy personalmente, porque soy el autor de la creación de la mesa de diálogo del transporte impropio. Esa mesa sí se conformó, sí se creó y de hecho tuvo sus efectos”.

García no precisó qué efectos concretos tuvo esa mesa, excepto la incorporación, en la renovación del convenio de 2024, de una clausula cuarta con seis incisos y una serie de anuncios e intenciones que no prosperaron y no figuran en el nuevo convenio.

José García

Tanto es así, que García dijo “ sí, me queda el pendiente y hago la sugerencia al Ejecutivo Municipal que se considere la existencia de la mesa de diálogo, que se le dé valor. Me hubiese gustado que esa mesa se convoque previamente para poder tener, las recomendaciones, como en su momento ha tenido un gesto muy elogiable el Ejecutivo Municipal, incorporando aquello que de esa mesa surgió”.

Al anunciar su apoyo a la renovación del convenio dijo que “acompañaré el hecho de no dejar vacío legalmente lo que establece una ley” y advirtió que “ seguiré siendo crítico cuando tenga que serlo con la AMT porque claramente conocen mi postura al respecto. Le pido a Marcelo Ferraris (presidente de AMT)que tenga la consideración necesaria para recibir a todos y cada uno de los representantes taxistas y remiseros de la provincia y que no dé por sentado que con la firma del convenio pueden ningunear y hacer lo que quieren con los trabajadores”.

Eliana Chuchuy dijo que “debemos reconocer el imperio de la ley” y sostuvo que “reafirmar el convenio no implica ceder las competencias, sino legislar conforme a una ley; si alguien considera que hay puntos deficientes para ser mejorados, debiera ir por vía judicial o a través de  la Legislatura, pero no intentar que la Municipalidad incumpla”.

Concejal Eliana Chuchuy

Insistió en que “el convenio no quita potestades sino que ratifica la cooperación, que incluye a Salta y el Área Metropolitana”.

Dijo que “el Estado va a presentar o que tenga que presentar para rendir los fondos e insistió en que el convenio significa prevención y seguridad vial” .

"No funcionó"

 Agustina Álvarez recordó que la ley de creación de la AMT le permite a ese organismo, en relación al transporte impropio, regular sobre aquellos taxis y remises que quieren ir de un municipio a otro. “Si ya estaría por ley provincial, ¿qué hacemos nosotros tratando el convenio en el Concejo Deliberante? Entonces, claramente lo que está regulado no contempla todo lo que estamos tratando hoy, porque si no, no tendría sentido”.

Advirtió además que “otra cosa que no tendría sentido sería que el Estado le pague al mismo Estado 380 millones de pesos para que el Estado haga lo que se supone que ya está contemplado, que está autorizado y debería hacer”.

Concejal Agustina Álvarez

Objetó también que en el convenio no se establece una rendición de cuentas ni presentación de informes.

Puntualizó que “si bien nosotros podemos delegar algunas facultades, en nuestra Carta Municipal está muy bien establecido que hay facultades que nosotros no podemos delegar, cuando están relacionadas a un servicio público”.

Álvarez dijo que “con la AMT venimos desde el 2009 o antes y si hacemos los mismo, no podemos esperar resultados diferentes, tratando de que funcione, tratando de que se le dé un servicio a la altura de las circunstancias a los taxistas, a los remiseros y sobre todo a los usuarios”. Reiteró que la relación con la AMT no funcionó, no envió informes, o cuando lo hizo fueron contestaciones pobres; no tengo ninguna certeza, ninguna claridad, ni ninguna cuestión que me diga que las cosas esta vez van a ser diferentes”.

$380 millones no es mucho

El concejal Gonzalo Corral dijo que su juicio no se trata de una prestación de servicios, sino efectivamente, que hay una ley provincial que nos exige, en cierta medida, formular, conformar el convenio que aquí estamos ratificando”.

Consideró que “ estas son medidas paliativas y no generan una solución de fondo al sistema de transporte impropio, a los taxistas en particular”, pero advirtió que “nosotros damos respuesta en base a las posibilidades que tenemos”.

Destacó que “se eximió el sistema de transporte impropio del impuesto al automotor. Y en este caso, en razón de los convenios, el municipio se hace cargo de la tasa de fiscalización y control que pagaban los taxistas, por un monto de 380 millones de pesos”.

Concejal Gonzalo Corral

Mencionó además  que "acabamos de ampliar la antigüedad de los vehículos de taxis y remises a 15 años".

Dijo que “ esas son las cuestiones que están a nuestro alcance; $380 millones no es mucho" y se preguntó "quién va a pagar el costo que implica el sistema operativo de administración, de control y de manejo de todo el sistema si el municipio asume hoy la responsabilidad de tomar nuevamente la competencia. ¿Realmente creen que con 380 millones de pesos se va a poder pagar? La respuesta es fácil. La va a tener que pagar el contribuyente”.