Centros Vecinales pidieron revisar el artículo 76 de la Carta Municipal por superposición de competencias

La Red de Centros Vecinales de Salta presentó una nota formal ante la Cámara de Diputados. Advierte que los incisos referidos a los deberes institucionales, la prohibición estricta de reelección y las inhabilidades por parentesco vulneran la naturaleza jurídica de las asociaciones civiles y avasallan las competencias de la Inspección General de Personas Jurídicas. 
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Dirigentes que integran la Red de Centros Vecinales de Salta, durante una reunión el 5 de noviembre último.

Tras el paso del texto de la reforma parcial de la Carta Municipal por el Senado, la Red de Centros Vecinales elevó un reclamo formal a la Cámara de Diputados para frenar o modificar los puntos del Artículo 76, que regula el funcionamiento interno de esas organizaciones comunitarias.

Si bien los dirigentes vecinales aclararon que comparten los principios de transparencia, rendición de cuentas y participación democrática, alertaron que el articulado sancionado por la Convención Municipal incurre en severas contradicciones con el ordenamiento jurídico nacional y provincial.

Los representantes vecinales recordaron que, al contar con Personería Jurídica otorgada por la autoridad provincial, los centros vecinales se rigen legalmente como asociaciones civiles sin fines de lucro bajo la Ley Nacional N° 26.994 y los controles específicos de la Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ).

En este sentido, cuestionaron que una normativa municipal pretenda regular de forma imperativa cuestiones de administración interna, gobierno y representación que el derecho privado reserva a los estatutos sociales y a la decisión soberana de sus asociados.

Límite de reelección y "prohibición por parentesco"

El punto más resistido del artículo en cuestión es el que prohíbe la reelección de autoridades por más de un período consecutivo e inhabilita por completo a cónyuges, convivientes o parientes hasta el segundo grado de consanguinidad para postularse en el período inmediato posterior.

Los dirigentes de la Red de Centros vecinales sostienen que una restricción general de esta naturaleza coarta el derecho político de elegir y ser elegidos, castigando gestiones comunitarias exitosas o impidiendo la continuidad institucional por lazos familiares.

Reclaman que la alternancia debe ser promovida, pero que la decisión final sobre quiénes conducen la institución debe recaer exclusivamente en la voluntad democrática de los socios dentro del marco de sus estatutos y no por imposiciones externas.

 Personería Jurídica y Personería Municipal

El planteo remarca la necesidad imperiosa de trazar una línea divisoria clara entre dos conceptos que el texto de la Carta Municipal confundiría:

La Personería Jurídica es para la dirigencia vecinal, el reconocimiento civil y control bajo la órbita provincial.

La Personería Municipal Vecinal, es la habilitación que otorga el municipio a los fines de la participación ciudadana y la articulación territorial local. Para la Red, el municipio puede fijar reglas para su vinculación institucional y la gestión de espacios públicos, pero carece de facultades para alterar la organización interna de una asociación civil constituida legalmente.

Transparencia y resguardo de datos personales

Si bien respaldan la obligatoriedad de dar publicidad a los estatutos, balances, nómina de autoridades y destino de fondos a través de plataformas informáticas municipales, solicitaron que se incorporen criterios de razonabilidad para proteger los datos personales y patrimoniales de los asociados frente a exposiciones indebidas.

Pedidos concretos

Ante ese escenario, la presentación formal ingresada en Diputados solicitó rever el dictamen remitido por el Senado en lo atinente al artículo 76, que se pida  un dictamen jurídico específico sobre la compatibilidad de las normas con el Código Civil y Comercial y la legislación provincial de asociaciones civiles, se incorpore una cláusula expresa que garantice el respeto a los estatutos vigentes y las competencias de los organismos provinciales de contralor y que se abra una instancia de consulta institucional con referentes y dirigentes vecinalistas antes de la sanción y aprobación definitiva del texto de la Carta Municipal.

 

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