Ley Federal de Áreas Metropolitanas

La iniciativa fue impulsada por el diputado nacional (mandato cumplido) Fabio Quetglas junto a un bloque de legisladores y busca institucionalizar la gobernanza de las regiones metropolitanas en Argentina.

Propone incentivos económicos, un registro oficial y la creación del "ProPEM” ( Programa de Proyectos Estratégicos Metropolitanos) para financiar obras estratégicas en transporte, residuos, agua y seguridad.

El proyecto de Ley  Federal de Áreas Metropolitanas fue ingresado en el Congreso de la Nación con el objetivo de dotar de un marco normativo, gobernanza e instrumentos de financiamiento a las regiones donde viven más de 30 millones de argentinos.

La presidenta de la comisión de Asuntos Municipales, Carolina del Valle Basualdo (Provincias Unidas) dijo que “hay distintas experiencias de grandes ciudades para mirar y generar aportes”,

Juan Fernando Brügge (Provincias Unidas), coautor de la iniciativa, explicó que “el proyecto define jurídicamente las áreas metropolitanas, crea un régimen de colaboración interjurisdiccional y un registro de áreas metropolitanas, que tiene por finalidad coordinar el financiamiento que se tienen que dar, por ejemplo, ante organismos internacionales».

La iniciativa —diseñada originalmente por el experto en desarrollo territorial y diputado (MC) Fabio Quetglas, secundado por diputados como Daniel Arroyo, Juan Brügge, Carla Carrizo, Soledad Carrizo, Maximiliano Ferraro, Pablo Juliano y Natalia Sarapura— aborda el fenómeno de los aglomerados que trascienden los límites de un solo municipio.

El proyecto define como Área Metropolitana a la unidad geográfica conformada por una o más ciudades centrales junto a sus áreas suburbanas, periurbanas y rurales, integradas en un único ecosistema urbano, abarcando esquemas intraprovinciales, interprovinciales e incluso transfronterizos con países limítrofes.

En el articulado propone la creación del Registro de Áreas Metropolitanas (ReAM) en el ámbito de la Secretaría de Provincias y Municipios de la Nación. Tendrá la finalidad de Identificar, compilar datos estadísticos, brindar asistencia técnica y apoyar la institucionalización de los entes metropolitanos.

El registro sería de adhesión voluntaria y podrá solicitarse mediante la firma del municipio central y al menos un gobierno local del aglomerado, ratificado por sus respectivos Concejos Deliberantes. Si ya existen entes o acuerdos preexistentes (como el Gran Rosario o Santa Fe), se los reconocerá formalmente sin exigir nuevos convenios.

Financiamiento Concertado

Establece un esquema donde el Estado Nacional, las Provincias y los Municipios acuerdan recursos a partir de una planificación del territorio. A su vez, habilita la búsqueda de instrumentos innovadores como fondos de capital público-privado, bonos verdes y crowdfunding cívico, además de coordinar el acceso a créditos de organismos internacionales, el CFI y proyectos de Asociación Público-Privada (APP).

Proyectos Estratégicos Metropolitanos

Con el objeto de financiar estudios y obras de infraestructura, competitividad, preservación ambiental y superación de desigualdades, propone la creación del ProPEM (Programa de Proyectos Estratégicos Metropolitanos)

Prevé que los fondos se asignarán mediante partidas anuales del presupuesto nacional, que el Estado Nacional aportará hasta un máximo del 60% del costo de cada proyecto. El 40% restante deberá ser cofinanciado por las jurisdicciones locales integrantes. Tiene además una prohibición taxativa para el uso de fondos que no podrán destinarse al financiamiento de gastos corrientes

Proyectos Prioritarios

Exige que, para recibir fondos del ProPEM, las áreas deben estar inscritas en el ReAM, constituir una Mesa o Mesa Metropolitana equilibrada, tener una estructura técnica y destinar un mínimo del 1‰ de su presupuesto local al ente.

En el listado de temáticas prioritarias, se indican, Ordenamiento territorial y adaptación al cambio climático; Gestión de recursos hídricos, espacios verdes e infraestructura; Movilidad, accesibilidad, seguridad vial y seguridad pública; Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) e igualación de servicios públicos; Parques industriales, mercados alimentarios de cercanía y escuelas de oficios digitales; Innovación tecnológica: Fomento de IA, Internet de las Cosas (IoT), datos abiertos y creación de Laboratorios Metropolitanos de Innovación.

"El siglo XXI de las áreas metropolitanas"

Entre los fundamentos del proyecto se señala la urgencia de adaptar las leyes argentinas a los desafíos globales:

"Si el siglo XX fue el siglo de las Ciudades, no tenemos dudas que el siglo XXI ya es el de las áreas metropolitanas. Hoy las metrópolis son protagonistas centrales de los desafíos que plantean las agendas globales y de la economía del planeta".

Se subraya, además, la alta tasa de urbanización del país y la falta de marcos institucionales adecuados:

"Argentina es uno de los países más urbanizados del planeta, con un 92% de población urbana (...) Según estimaciones actuales, hoy más de 30.000.000 de argentinos viven en áreas metropolitanas".

"No contamos con una legislación nacional o decretos que promuevan la institucionalidad y financiamiento de las áreas, y tampoco el tema ha sido objeto de tratamiento en la Reforma Constitucional de 1994. En este punto, es importante señalar que en América Latina países federales como Brasil y México cuentan con normativas que establecen un marco nacional".

Enfatiza la necesidad de abandonar los abordajes aislados y buscar modelos de gobernanza flexibles:

"No se trata en nuestro caso de generar un nuevo nivel de gobierno o repensar las jurisdicciones electorales existentes. Las tendencias modernas apelan a modelos flexibles que prioricen la coordinación y cooperación (...) En nuestro tiempo, la competitividad de los países se resuelve en la escala metropolitana".