Carta Urbana
Los feriantes del Parque San Martín, agrupados en el Centro de Vendedores Ambulantes con Parada Fija y Afines de la provincia de Salta, solicitaron formalmente una reunión con la comisión de Servicios Públicos, Actividades Comerciales y Privatizaciones del Concejo Deliberante.
El pedido, tiene como objetivo “generar un espacio de diálogo e intercambio sobre temas de interés vinculado al desarrollo de nuestra actividad y a la situación actual del Paseo San Martin”.
El pedido tiene en paralelo un profundo malestar del feriante con el concejal José García, a quien atribuyen "dejarlos desprotegidos" tras la sanción y promulgación de la Ordenanza N° 16.363 en diciembre de 2024, la que, impulsada por García, creó el "Paseo San Martín".
Carlos Godoy, presidente de la organización, manifestó la creciente intranquilidad del sector debido al cambio en su situación legal que se definió en esa Ordenanza, ya que pasaron de ser considerados "concesionarios" a "permisionarios".
En diálogo con Carta Urbana Radio (Profesional FM 89.9) Godoy dijo que "bajamos un montón con la ordenanza que hizo el concejal José García, cuando al menos tenía que haberse hecho un plenario con la participación de la comisión del Paseo y el Ejecutivo”.
"Lo apoyamos en campaña y ahora no nos atiende"
El enojo de los puesteros con el edil tiene un fuerte trasfondo político. Godoy recordó el acompañamiento que le brindaron a García en una de las elecciones para acceder a la banca.
"El concejal hoy está haciendo una pelea de pobres contra pobres. Nosotros le dimos más de 3.000 votos entre puesteros y proveedores. Le dimos juguetes para que regale a distintos lugares a donde iba a hacer propaganda. Hace 40 días que le hablamos, le pedimos que vea la designación del administrador¸ nos dijo que ya iba a hablar con la gente del Ejecutivo o si no, que hagamos una marcha, que él nos iba a acompañar exigiéndole al Ejecutivo para que se cumpla la ordenanza”.
“Nunca más contestó, no llamó más porque debe tener cola de paja, porque que hizo algo mal en la ordenanza. Porque no fue claro. Porque acá la gente le dio muchos votos. Él tiene que entender, le dio muchos votos y él les está faltando el respeto.” fustigó el referente de los feriantes, añadiendo que en esa reunión privada en su despacho el edil llegó a tratarlos de "mafia".
Los trabajadores lamentan que, mientras en la sesión de aprobación de la ordenanza los concejales "se llenaron la boca con el tema de los trabajadores de la economía popular" y García aludió a su propio pasado como vendedor ambulante, la realidad del predio es otra.
Godoy afirmó haber intentado presentarle en dos oportunidades un proyecto de remodelación integral financiado por los propios feriantes, pero el concejal "no lo quiso ver".
Sin administrador oficial y con denuncias de reventa ilegal de puestos
La ordenanza vigente estipula que el Departamento Ejecutivo Municipal debe administrar el paseo mediante la designación de un funcionario por un término máximo de cuatro años. Sin embargo, Godoy denunció que el Ejecutivo nunca nombró a dicho administrador, a pesar de que los feriantes lo vienen solicitando por expediente desde hace más de dos años.
Ante la falta de controles, los puesteros advierten que se están cometiendo graves irregularidades que violan el artículo quinto de la normativa, el cual prohíbe de manera absoluta la comercialización, cesión o transferencia de los puestos.
Godoy disparó directamente contra García por, presuntamente, proteger a una puestera allegada que adquirió un local de forma ilegal: "Yo denuncié por expediente un puesto de un chico de origen africano que no lo trabajaba. Esta chica lo hizo firmar ante escribano público como si el chico le cediera el puesto. Tendrían que haberle quitado el puesto a ella, pero vino la orden de José García de que no la podían echar", detalló el dirigente, concluyendo que actualmente hacen trabajar a dicho joven en condiciones casi de explotación.
Con la reunión solicitada en el Concejo Deliberante, los feriantes esperan forzar canales de diálogo que pongan fin a la precarización de sus puestos de trabajo y exigen que el autor de la ordenanza dé la cara ante los compromisos asumidos.
