En dos sentencias dictadas el 10 de septiembre, el máximo tribunal revocó fallos de las cortes de Córdoba y Buenos Aires que beneficiaban a los municipios de Córdoba capital y Pergamino.
La doctrina impone que las comunas deben acreditar la prestación efectiva del servicio, inspecciones concretas y proporcionalidad en el costo cobrado.
"Es un búmeran contra los municipios en un contexto donde el gasto local no llega al 8% y las demandas vecinales no paran de crecer".