Planchó” el Tribunal de Cuentas una contratación directa para reacondicionar las nuevas oficinas de ARMSa

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El edificio que se alquiló para ARMSa, en 25 de Mayo al 800.

Es la segunda intervención del órgano de control sobre ese edificio.

Primero fue el alquiler y ahora, una nueva observación legal sobre la forma en que se contrataron las obras para refaccionar el local.

“Atento la errónea imputación y el erróneo procedimiento de contratación elegidos, se han visto afectado principios esenciales de la contratación”.

El alquiler

En mayo de 2018 el Tribual de Cuentas Municipal formuló observación legal al decreto que dispuso la aprobación del alquiler del local, por $8.062.972,00, en 25 de Mayo 846.

La observación legal es una de las cuatro decisiones que puede adoptar el Tribunal de Cuentas, cuando analiza los actos administrativos que se refieren a la hacienda pública municipal y se adopta, cuando los decretos y decisiones del Ejecutivo Municipal o el Concejo Deliberante, tienen vicios graves o groseros que los vuelven nulos.

En una escala de menor a mayor, los vocales del TCM también pueden solicitar medidas para mejor proveer; emitir dictamen de No Objeción; emitir dictamen de No Objeción con recomendaciones y como ya se dijo, emitir Resolución de Observación Legal, cuando el acto adolezca de vicios graves o groseros.

El local para ARMSA

El decreto 278 que aprobó el contrato de alquiler del local para la Agencia de Recaudación Municipal fue dictado con fecha 11 de abril, de 2018. El local fue alquilado a la empresa KRECER SALTA S.A.”.

La Resolución 5793, del 30 mayo de 2018, por la que el Tribunal de Cuentas Municipal se formula observación legal al decreto del alquiler tiene ocho considerandos, que se resumen en los siguientes párrafos.

Ante el decreto que aprobó el alquiler, el TCM hizo un pedido de informes al Ejecutivo Municipal cuya respuesta fue considerada insuficiente, por lo que se consideró necesario contar con mayores explicaciones y aclaraciones respecto de algunas cuestiones que surgen del contrato.

El TCM dispuso como medida de mejor proveer, tal cual lo autoriza la norma que rige su actividad, la comparencia para el 30 de mayo de 2018,  a las 10, del secretario de Hacienda Pablo Gauffin (que renuncio a su cargo el 28 de febrero último) y del Director Ejecutivo de la A.R.M.Sa., C.P.N. Rodolfo Dante Paz Moya.

Solo fue Paz Moya y no obstante haberse efectuado una serie de consultas e interrogaciones, el Plenario de vocales, no obtuvo una respuesta satisfactoria en lo atinente a las cuestiones técnicas, edilicias, instalaciones eléctricas y sanitarias, sistema de bombeo en general, funcionamiento del aire acondicionado central, etc.

Sin planos, no cumple con el Código de Edificación

Ante la situación funcionarios del TCM fueron al local alquilado para relevar el estado del inmueble.

Uno de los considerandos de la Resolución TCM expresa textualmente que “existen numerosas irregularidades técnicas y contractuales que tornan imposible la aprobación por parte de este Tribunal de Cuentas Municipal del Decreto bajo análisis”.

“Entre otras situaciones, se observa (folios 48 y 49 del expediente) que “los planos de Relevamiento de Arquitectura y de Estructura, no se encuentran aprobados, con lo cual no se puede apreciar si la estructura es antisísmica y si la electricidad cumple con las normas vigente. Asimismo, según lo indicado en las carátulas de los planos adjuntos mencionados precedentemente, el edificio no cumple con lo establecido en el código de edificación y código de planeamiento urbano”.

El séptimo considerando de la resolución de observación legal expresa que “en el Contrato de Locación adjunto, en la última parte de la Cláusula 1ª, se expresa “La parte LOCATARIA declara haber visitado el inmueble con anterioridad a este acto, y se obliga a restituirlo al vencimiento del plazo de duración del presente contrato, en estado apropiado para su destino…”. Ahora bien, esta exigencia presupone que el edificio se encuentra en óptimas condiciones de funcionamiento, lo que no es real, de acuerdo a los informes técnicos adjuntos.

“Por lo expuesto, se concluye que el Decreto bajo análisis, adolece de vicios graves, como los mencionados precedentemente y que traen aparejada su nulidad de conformidad a lo establecido por los arts. 46 y cc. de la Ley de Procedimientos Administrativos”.

Luego viene la parte resolutiva, que tiene cinco artículos, dos de ellos de forma.

Todo arreglado en una semana

Diecinueve días después de esa Observación legal, el Tribunal de Cuentas Municipal dicta la resolución 5809 de fecha 25 de junio.

Por esa resolución emite dictamen de No Objeción, al decreto municipal 552 del 8 de junio mediante el cual se dejó sin efecto el decreto N° 278/18 (el decreto anterior)  con fundamento en lo expresado en la Resolución TCM N° 5.793/18 y se aprobó el “contrato de locación de inmueble celebrado entre la MUNICIPALIDAD DE SALTA y la firma KRECER SALTA S.A.”, suscripto el 08 de junio de 2.018, que tiene por objeto el inmueble sito en calle 25 de Mayo N° 846 de ésta Ciudad, por un monto de $7.890.528,00.

“Tomaron intervención las áreas competentes de este Organismo de Control, emitiendo sus respectivos informes y dictámenes. De la lectura de los mismos, surge evidente que se han subsanados las irregularidades advertidas en la observación legal oportunamente formulada por este Tribunal de Cuentas.”

“El Plenario de Vocales no advierte la existencia de vicios graves o groseros que puedan dar lugar a la declaración de nulidad o inexistencia del Decreto analizado, entendiendo que el procedimiento se ajusta razonablemente a la normativa vigente”.

Todo arreglado

Entre el 30 de mayo, fecha de la observación legal por vicios graves y groseros, y el 7 de junio de 2018 mediaron 7 días hábiles, lapso en el que el edificio en cuestión pasó a tener planos de relevamiento de estructura, de arquitectura y a cumplir con los códigos de Edificación y Planeamiento.

Otra observación a las obras de reacondicionamiento

El local tuvo que ser reacondicionado y para ello la veloz y eficiente Subsecretaria de Contrataciones Directas de Obras Púbicas (que depende de la Secretaría de Hacienda) procedió de acuerdo al pedido que le hizo la Subsecretaria de Planificación Urbana y Control Urbano, (que depende de la Secretaria de Obras Públicas y Planificación Urbana).

El objetivo de la contratación directa era “adecuar el edificio existente para la correcta función y desempeño de las nuevas oficinas tributarias”.

El Tribunal de Cuentas Municipal emitió el 7 de noviembre de 2018 la resolución 5890 por la que formuló observación legal ( existencia de vicios graves y groseros) a la contratación directa en para reacondicionar  las oficinas de ARMSa.

En ese expediente.  el TCM pidió conocer los motivos por los cuales el gasto se imputó a la partida 212.001 (“Construcciones con Rentas Generales”, asignando la partida, al Item 8C “Obras de Arquitectura Varias – por contrato” Anexo VIII del Plan de Obras).

Como la información no fue clara, el TCM citó al director de Análisis Financiero, Ignacio E. Echaide y el director de Análisis de Contrataciones, Hugo D. Martínez Garcete.

Reunida la información, el TCM consideró que la contratación adolece vicios graves o groseros que tornan inviable la aprobación por parte del organismo de control”.

Apunta el TCM que  en las contrataciones con terceros, para que proceda el contrato de obra pública, deben concurrir al menos tres situaciones: Que se trate de obras de construcciones o bienes destinados a utilizarse, consumirse o incorporarse a las mismas hasta su definitiva  habilitación; que se realicen en terrenos del estado municipal o en el caso de hacerse en terreno privado, debe contarse previamente con la declaración de utilidad pública y la debida expropiación y que se encuentre contemplada en el plan anual de obras públicas o que sea declarada de reconocida urgencia y de carácter impostergable “.

Así es que, para el TCM el solo hecho de tratarse esa contratación de la refacción de un inmueble alquilado por el municipio a un particular, deja de participar de la característica de obra pública. Además perdería la condición de permanecer en el tiempo, limitando su vida útil al plazo de contratación restante de la locación”.

“Todo este error conceptual llevó a contratar directamente con precios testigos, cuando hubiera correspondido la contratación por licitación pública; por otra parte, resulta necesario destacar que en la cláusula segunda del contrato de locación aprobado por Decreto N° 552/18 se estableció que las mejores o modificaciones que resultaren indispensables para adaptarlo a las necesidades de uso o actividad, podrán ser efectuadas por el Locatario por su cuenta y a su exclusivo cargo; quedando las mismas en beneficio del inmueble. Esto marca la carencia de una característica más para ser considerada como obra pública, cual es la permanencia”.

Sostuvo entonces el Tribunal de Cuentas Municipal en su resolución que “atento la errónea imputación y el erróneo procedimiento de contratación elegidos, se han visto afectado principios esenciales de la contratación comprendidos en el Art. 7° de la Ley N° 6.838, por lo cual adolece de vicios graves, como los mencionados precedentemente y que traen aparejada su nulidad”

 

 

 

 

 

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