Grave denuncia contra funcionarios de la Cooperadora Asistencial de la Capital

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Los tres diputados de la UCR denunciaron por asociación ilícita, malversación de caudales públicos  y negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, a  los funcionarios a cargo de la Cooperadora Asistencial de la Capital.

La presentación ante la fiscalía penal de turno  detalla una serie de hechos que,  configurarían los delitos penados por los artículos 210, 260 y 265 del Código Penal Argentino, cuyos textos son los siguientes:

CÓDIGO PENAL DE LA NACIÓN ARGENTINA

LEY 11.179 (T.O. 1984 actualizado)

 

Asociación ilícita

ARTICULO 210. – Será reprimido con prisión o reclusión de tres a diez años, el que tomare parte en una asociación o banda de tres o más personas destinada a cometer delitos por el solo hecho de ser miembro de la asociación. Para los jefes u organizadores de la asociación el mínimo de la pena será de cinco años de prisión o reclusión.

Malversación de caudales públicos

ARTICULO 260. – Será reprimido con inhabilitación especial de un mes a tres años, el funcionario público que diere a los caudales o efectos que administrare una aplicación diferente de aquella a que estuvieren destinados. Si de ello resultare daño o entorpecimiento del servicio a que estuvieren destinados, se impondrá además al culpable, multa del veinte al cincuenta por ciento de la cantidad distraída.

Negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas

ARTICULO 265. – Será reprimido con reclusión o prisión de uno (1) a seis (6) años e inhabilitación especial perpetua, el funcionario público que, directamente, por persona interpuesta o por acto simulado, se interesare en miras de un beneficio propio o de un tercero, en cualquier contrato u operación en que intervenga en razón de su cargo.

Se aplicará también multa de dos (2) a cinco (5) veces del valor del beneficio indebido pretendido u obtenido.

Esta disposición será aplicable a los árbitros, amigables componedores, peritos, contadores, tutores, curadores, albaceas, síndicos y liquidadores, con respecto a las funciones cumplidas en el carácter de tales.

La denuncia fue hecha por los diputados del bloque de la UCR, Humberto Alejandro Vázquez, Mario René Mimessi y Héctor Martin Chibán, tras recibir respuesta oficial a un pedido de informe efectuado por la Cámara de Diputados en la sesión del 21 de agosto de este año.

El informe requirió lo siguiente:

  1. a) Servicios específicos y concretos que prestan, modo de contratación (regida por el Código Civil o Ley de Empleo Público, etc.), tiempo de la vinculación contractual con la Cooperadora Asistencial, importes percibidos desde el inicio de la relación jurídica hasta la fecha del presente pedido por parte de los beneficiarios de los pagos recibidos, fecha de la finalización pactada de la relación jurídica vigente, posibilidad de reconducción de la relación jurídica en curso al tiempo de su finalización, y copia de los instrumentos legales que acrediten la relación jurídica y de las facturas emitidas por los beneficiarios de los pagos recibidos, ya sean personas físicas o jurídicas, conforme surge de las siguientes facturas emitidas por la Cooperadora Asistencial de la Capital:

1)2560-0000005549 Año 2018. /2) 2560-0000005551 Año 2018. /3) 2560-0000005574 Año 2018. / 4)2560-0000005575 Año 2018. / 5) 2560-0000005577 Año 2018. /6) 2560-0000005579 Año 2018. / 7) 2560-0000005581 Año 2018. /8) 2560-0000005585 Año 2018. 9) 2560-0000005588 Año 2018. /10) 2560-0000005604 Año 2018. / 11)2560-0000005611 Año 2018. / 12) 2560000005620 Año 2018. / 13) 2560-0000005626 Año 2018. / 14) 2560-0000005631 Año 2018.

  1. b) Servicios específicos y concretos que presta el Beneficiario de “Recibo de Orden de Pago Nº 1082/2018”, modo de contratación (regida por el Código Civil o Ley de Empleo Público, etc.), tiempo de la vinculación contractual con la Cooperadora Asistencial, importes percibidos desde el inicio de la relación jurídica hasta la fecha del presente pedido por parte del beneficiario señalado, fecha de la finalización pactada de la relación jurídica vigente, posibilidad de reconducción de la relación jurídica en curso al tiempo de su finalización, copia del instrumento legal que acredite la relación jurídica y de las facturas emitidas por el beneficiario de los pagos recibidos en caso de que fuera su obligación emitir las mismas, y eventualmente, en caso de ser su obligación legal, copia de la/s rendición/es de cuentas del beneficiario de los pagos recibidos.

TEXTO DE LA DENUNCIA

DENUNCIA COOPERADORA

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