“Mano dura con los funcionarios que no respetan al Concejo Deliberante”

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El Concejo pide sumario y multa para funcionarios.

Es por la falta de respuesta a pedidos de informe.

Dio intervención al Tribunal de Cuentas.

Habrá más pedido de sanciones.

 La ordenanza que dispone multas por la demora se sancionó en junio del año 2000.

(15 junio 2023)- El Concejo Deliberante aprobó  este miércoles una resolución impulsada por la comisión de Obras Públicas para que el Tribunal de Cuentas Municipal inicie un sumario administrativo y aplique multa al o los funcionarios responsables por demora en responder a un pedido de informes del mes de marzo, que se reitero en cuatro ocasiones.

El Concejo Deliberante requirió información sobre las obras previstas en el Canal Yrigoyen adjudicadas a la empresa Walter Conta, pero no recibió respuesta.

“ Decidimos remitir las actuaciones al Tribunal de Cuentas para que imponga las sanciones a los funcionarios que no contestan  los pedidos de informe” dijo la concejal Ana Paula Benavides (Salta Independiente).

Agregó después que “es realmente una vergüenza que tengamos que llegar a estas instancias, atendiendo a que el Ejecutivo Municipal no contesta información que requerimos desde este cuerpo, no solo en nuestra función de legislar, sino también de controlar”.

Recordó que en su primer mandato se “elevaron las multas a los funcionarios que no contestan y allí empezó el envío de información parcial”.

Es lamentable “llegar a la instancia de tener que sancionar a los funcionarios pero creo que vamos  a tener que tomar mano dura con los funcionarios que no respetan a este Concejo Deliberante y hacen caso omiso a los pedidos de informe”.

Anticipó que es la primera de varias sanciones que se vana a pedir al Tribunal de Cuentas respecto de la información que el Ejecutivo debe mandar y no está remitiendo

Nada nuevo

El Concejo Deliberante y el Ejecutivo acumulan una larga historia de desavenencias  por los pedidos de informe que los concejales hacen al Ejecutivo y por la demora de este en responder o por la insuficiencia de la información que envía.

La Ordenanza que impone un plazo perentorio a los funcionarios para responder los pedidos de informes y dispone también una multa una multa en unidades tributarias para el funcionario que no se ajuste a los plazos,  fue sancionada en junio del año 2000.

Por aquellos días el médico sanitarista Enrique Tanoni estaba al frente del Ejecutivo y Guillermo López Mirau, presidía el Concejo Deliberante.

Hacen ya 23 años y la dificultad institucional tiene tanta vigencia como entonces.

Los considerandos de la ordenanza original, donde se describe los motivos que fundamentan la norma, tienen una notoria validez; “ es competencia del Cuerpo Deliberativo solicitar informes al Departamento Ejecutivo, e interpelar a sus Secretarios”; “es deber del Departamento Ejecutivo Municipal suministrar por escrito al Concejo Deliberante, personalmente o por medios de sus Secretarios, los datos e informes que le fueran solicitados”; los mencionados pedidos de informes, no son contestados en tiempo y forma por el Departamento Ejecutivo”; “ constituye una ofensa al Cuerpo Deliberativo tener que reiterar cada pedido de Informe a funcionarios del Departamento Ejecutivo”; “ es atribución del Tribunal de Cuentas Municipal entender de manera obligatoria en los juicios de cuentas y de responsabilidad, con las modalidades y recursos y en los casos quo establezca la Ordenanza”.

La ordenanza en cuestión se modificó varias veces en los plazos y montos y el funcionario que no cumple con esa manda legislativa, es pasible de una multa de 500 Unidades Tributarias, (*) todo previa intervención del Tribunal de Cuentas Municipal, organismo de contralor que entiende en los juicios de cuenta y responsabilidad. (*La UT del presupuesto municipal 2023 fue fijada en $65,38)

Los dirigentes políticos que se postular a cargos ejecutivos hacen gala en sus campañas de las  acendradas  virtudes cívicas con las que van a ejercer la función, pero ya en el cargo olvidan rápidamente su compromiso republicano y paulatinamente eluden las  responsabilidades que conlleva el cargo, casi todas muy definidas en las leyes y ordenanzas.

 

 

 

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