La Municipalidad excluyó del cobro de TGI e Inmobiliario por boleta de EDESA a 4.156 NIS, usuarios de dos o tres medidores

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La comuna firmó un acta acuerdo con EDESA el  16 de junio.

EDESA informó al Ente Regulador que la Municipalidad corrigió aspectos observados por el organismo en dos resoluciones.

La Municipalidad comunicó que modificó la denominación «Parcela Urbana» por la de «Unidad Urbana».

Excluyó transitoriamente de la factura de EDESA el cobro automático de la Tasa de Prevención  y Protección de Bienes y Personas .

Para facturar, la Municipalidad dividirá el valor fiscal de la propiedad en tantas partes como unidades urbanas existan en el catastro único.

La factura de EDESA, tendrá una leyenda informativa.

En ella remitirá al portal dispuesto por la Municipalidad para que el usuario se informe sobre la operatoria de cobranza y pueda reclamar.

Para el ENRESP, los firmantes del acta admiten errores en la operatoria de cobro.

También «surge manifiesta la voluntad de los firmantes de subsanar los vicios que motivaron una cautelar.

(Salta, junio 22 – 2022) – La Municipalidad “ dejó plasmado el tratamiento y corrección de distintos aspectos que resultaron oportunamente observados por vuestro organismo, mediante Resoluciones ENRESP N°  729/22 y 789/22”.

Así está escrito en una nota que el apoderado de EDESA  remitió al Ente Regulador de los Servicios Públicos (ENRESP) con fecha 16 de junio.

La nota lleva adjunto un acta acuerdo que la Municipalidad y EDESA firmaron un día antes, el 15 de junio.

El acta fue firmada por el secretario de Economía y Hacienda, Daniel Amador, en representación de la Municipalidad de Salta.

De la asociación ilícita, al acuerdo

La doble o triple tributación de impuestos y tasas municipales  a partir de la decisión municipal de vincular  número de NIS (Número de Identificación de Suministro)  de EDESA, con catastros municipales provocó un severo conflicto entre el ENRESP y la gestión municipal.

La controversia pública escaló de tal forma, que el secretario Legal y Técnico de la Municipalidad, Daniel Nallar, ligó a los miembros del directorio del ENRESP, con  una asociación ilícita.

Daniel Nallar, secretario Legal y Técnico municipal.

Previamente,  Nallar vinculó las objeciones del  ENRESP -ahora admitidas en el acta con EDESA – a una reacción del organismo de control de servicios.

El funcionario municipal, emblemático por despachar prácticamente solo las principales decisiones de gobierno,  especuló con que el ENRESP reaccionó ante unos pocos reclamos de contribuyentes por doble tributación.

Para Nallar, esa reacción coincidió con el vencimiento de plazos para que el organismo de control informe a la Municipalidad, el destino de $70 millones que se recaudaron- también con la factura de EDESA- en concepto de Fondo FIO ( Fondo de Inversión Operativa)  a favor de la empresa Aguas del Norte, para obras de mantenimiento.

Dijo Nallar: “tengo derecho a sospechar que la reacción compulsiva e irracional del ENTE, de meterse con los tributos municipales, se produjo justo cuando se vencen los plazos que el ente rinda a la Municipalidad en qué se gastó esa plata”.

“Como el ente tiene un directorio de cinco personas que son los que tienen el deber de controlar y decir en qué se gastó el dinero, yo hablo de asociación ilícita”.

Renuncia

Otra consecuencia de las diferencias públicas acerca del criterio técnico, jurídico y político con que se asociaron medidores de energía con  catastros o parcelas urbanas, fue la renuncia de la secretaria de Gobierno municipal, Frida Fonseca.

Con la ayuda del secretario de Hacienda, la ex funcionaria había tratado de acercar posiciones entre las partes, pero no pudo contener la notoria verborrea pública, dijo que disentía en los planteos expresados por el secretario Nallar y la Jefa de Gabinete, Agustina Gallo y se fue.

Cuestión semántica

Por esos días de intenso intercambio mediático también el Procurador General adjunto, Ramiro Angulo, defendió la posición municipal.

Dijo que la Municipalidad no hizo nada fuera de la ley, que no se inventaron catastros, que en las denuncia del ENRESP no figuran en los expediente, que solo son mediáticas  y que se trataba de una cuestión semántica; “con cambiar una palabra se solucionaba esto”, aseguró.

Silente comunicación

Por lo menos hasta este martes la información sobre el acta acuerdo entre EDESA y la Municipalidad no fue objeto de tratamiento informativo oficial municipal.

Se conoció a través de una resolución del Ente Regulador de los Servicios Públicos, de fecha 16 de junio.

Esa resolución (N° 829/22) es la tercera en esta materia, extensa como las anteriores sobre el mismo tema, con cierta complejidad y está publicada en la página web, entereguladorsalta.gob.ar

Aunque se produjeron despachos informativos con motivo de la presencia de la intendenta Bettina Romero, en los actos oficiales por el 201° aniversario de la muerte del General Martín Miguel de Güemes y por el Día de la Bandera, ninguno de los reportes oficiales municipales de prensa, entre el jueves 16 de junio y este martes 2, que también abordaron otros temas, incluyeron información sobre el acta acuerdo entre la Municipalidad y Edesa.

El exceso de prudencia, por no decir silencio total, destaca notorio sobre la virulencia pública de días anteriores.

Esa estrategia de  silencio sobre un tema que alcanzo inusitado voltaje político y  cruces verbales graves, puede adjudicarse  a la reiterada y persistente negativa en admitir públicamente que hubo un error de criterio, un equívoco: los medidores de energía eléctrica no equivalen a catastros.

Desde que el ENRESP planteó la situación de doble tributación, la Municipalidad se mostró siempre proclive a solucionar el asunto derivado de la búsqueda de equidad tributaria, con la finalidad de incorporar al pago de tasas e impuestos a quienes residen en edificios de altura, barrios o clubes de campo y que por la demora en la división catastral no pagan tasas e impuestos, aun cuando tienen servicios municipales.

La comuna abrió mecanismos para reclamos,  pero lo hizo en un contexto en el que relativizó también de modo implícito y en otros no tanto, las consideraciones y apreciaciones hechas por el siempre impetuoso e inefable, pero fundamentado presidente del ENRESP, Carlos Humberto Saravia, a través de las resoluciones del ente que preside o mediante su conocida estridencia pública.

Carlos Humberto Saravia, presidente del ENRESP

Saravia, terminó poniendo en duda la legalidad  del procedimiento municipal para mejorar su performance fiscal, exhibió  a la Municipalidad como inmersa en un desmanejo recaudatorio sospechoso y finalmente la arrinconó, estrangulando el cobro automático de tasas e impuestos mediante las facturas de EDESA, aunque nunca afectó,  porque no puede hacerlo, la potestad municipal de cobrar  a través de otros medios.

De persistir la vigencia de las resoluciones del ENRESP, sobre todo aquella del 9 de junio, que ordenó a EDESA, mediante una medida cautelar en sede administrativa,  la suspensión inmediata de la cobranza de impuestos a través de sus facturas, la Municipalidad habría visto seriamente comprometido sus ingresos.

No hay datos para confirmar, pero sí elementos para suponer que con la espuma en baja, el secretario de Hacienda  Daniel Amador,  impuso algún criterio razonable y movió los contactos para firmar, sin mucho barullo  el acta con EDESA, que tal parece es la admisión silenciosa de aquello que quizás se debió haber admitido más categóricamente desde un principio.

Si no fue así, su habitual prudencia pública le valió  que le encomendaran la representación. Vale suponer el pedido en estos términos: » Daniel, vaya, acuerde, firme, pero no diga nada» .

El texto del acta no se conoce, es de esperar que se publique formalmente.

De todos modos, la Resolución 829/22 del ENRESP, del 16 de junio, ya citada, dice en tormo a este tema en el acápite B de los considerandos, después de citar los antecedentes del caso:

 

Vía de hecho

El acta continua con un extenso punto denominado Análisis, que se desarrolla en 12 considerandos hasta la parte resolutiva.

Sostiene el ENRESP que » del Acta en cuestión  surge prima facie la admisión por parte de las firmantes de errores en la operatoria de cobro de tributos municipales que dio origen a modificaciones sustanciales en el proceso de facturación del servicio de energía eléctrica y que incluyó la multiplicación de dichos tributos en relación a un mismo catastro con dos o tres suministros eléctricos bajo la figura de la «unidad parcelaria transitoria». En el caso de la Tasa de Prevención y Protección de Bienes y Personas, la aplicación de tal figura sin la existencia de la referida «unidad parcelaria transitoria» en la normativa fiscal correspondiente constituyó una vía de hecho»

También destaca que del Acta, surge manifiesta la voluntad de los firmantes de subsanar vicios que dieron motivo al dictado de la medida cautelar dispuesta en autos».

Otro considerando expresa : » Adviértase también, que se acordó la exclusión espontánea de los casos de imposición tributaria que lucían a todas luces reñidos con la normativa legal vigente y que representaban hipótesis de doble o triple imposición, como también han declinado la potestad tributaria en relación a los sujetos pasibles de imposición de la Tasa de Prevención y Protección de Personas y respecto de una hipótesis inexistente para este tributo, cual era la aplicación por vedada analogía de la figura de la «parcela urbana transitoria» prevista solamente para la Tasa General de Inmuebles y el Impuesto Inmobiliario según los artículos 102 y 133 del Código Tributario Municipal.»

A continuación, la parte resolutiva de la Resolución 829 del ENRESP:

 

 

 

 

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