Rechazó Nallar el recurso de concejales que pidieron anular la concesión del crematorio a Pieve Salud

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El secretario Legal y Técnico, Daniel Nallar, otra vez en relación difícil con concejales. Ya pasó con el servicio de higiene urbana y CECAITRA.

Los concejales objetaron su competencia para adjudicar servicios.

También denunciaron como irregular la tramitación del estudio de impacto ambiental para el crematorio.

El secretario Legal y Técnico sostiene  que el ejercicio de sus funciones está ajustado a derecho.

Afirma que su actuación se desarrolla en el marco de las facultades delegadas.

También afirma Nallar:

“ Los fundamentos invocados por los recurrentes resultan improcedentes, por carecer de sustento fáctico y jurídico, no existe vicio alguno que afecte el acto recurrido”.

«Los impugnantes se limitan a citar la normativa en forma parcial”

«Formulan una interpretación vacua y carente de toda técnica jurídica”.

“Refieren solamente a partes del articulado que a su criterio resultarían, prima facie, convenientes para sostener su hipótesis”.

Las  posibles infracciones que se señalan en materia  ambiental son “indeterminadas, vagas e imprecisas”.

Los 4 ediles de JxC + y los 2 de la UCR, presentaran un recurso jerárquico ante la intendenta y nueva reconsideración.

“No existe impedimento legal para fijar la concesión por 35 años”.

(Salta-11 febrero -2022) – El secretario legal y Técnico de la Municipalidad, Daniel Nallar, rechazó el recurso de reconsideración que presentaron 6 concejales capitalinos, ( 4 de Juntos por el Cambio + y 2 de la UCR)contra la resolución del funcionario mediante la que, el 14 de enero último,  adjudicó a la empresa Pieve Salud la Concesión para la prestación del “Servicio funerario y crematorio” en un predio ubicado en Ruta Nacional Nº 9, km. 1578,2, por el  término de 35 años.

Con fecha 7 de febrero el funcionario dictó la resolución 015, en la que ataca los argumentos de los ediles, que después de la adjudicación del servicio pidieron la revocatoria de esa decisión   y la nulidad de todo el procedimiento en relación a la cuestión ambiental.  

Nallar, que tuvo una controvertida intervención en el proceso licitatorio del servicio de higienes urbana y encabezó un polémico proceso de convenio para un sistema de fotomultas mediante cámaras, que se frustró a raíz de la intervención del Concejo Deliberante y de un severo dictamen del Tribunal de Cuentas Municipal, expuso en su decisión, consideraciones sobre doctrina nacional en materia de concesiones.

Afirma que no existe impedimento legal alguno para fijar el tiempo establecido de la concesión establecido en 35 años. 

Vicio de competencia

Mediante el recurso de reconsideración presentado el 28 de enero, los concejales pidieron la  revocatoria y nulidad de la resolución dictada el 14 de enero y   argumentaron para ello, que  adolece de un vicio en cuanto a la competencia de la autoridad administrativa que la dictó, es decir el propio secretario Legal y Técnico.

Sostuvieron que “ fue dictada, firmada y otorgada por la secretaría Legal y Técnica de la Municipalidad, siendo que la autoridad competente para el acto administrativo de otorgamiento de la concesión, es la autoridad máxima del Departamento Ejecutivo Municipal y no del secretario Legal y Técnico, salvo expresa delegación de facultades”.

Según los concejales, “ las competencias delegadas al secretario Legal y Técnico mediante decreto 443 del 1 de diciembre de 2021,  fueron para “la convocatoria, la realización y la adopción de las decisiones correspondientes en cada caso, de todas las Audiencias Públicas que deban realizarse en el marco de la normativa vigente, respondiendo en todos los casos a los pasos, condiciones, plazos y procedimientos establecidos en las Ordenanza referidas al tema”.

Invocando el artículo  54° de la Ley de Procedimientos Administrativos ( que define las condiciones para que un acto sea calificado grave o grosero), los ediles insistieron en la revocatoria y expresaron en el escrito que “las facultades delegadas al secretario Legal y Técnico fueron únicamente para decidir, convocar y realizar audiencias públicas y no para el dictado de actos administrativos cuyo fin sea otorgar concesiones y menos aún para la emisión del instrumento legal pertinente”, como se menciona en el punto 5° de la resolución 003”.

Facultades legislativas

 También los concejales señalaron que el secretario Legal y Técnico se atribuyó facultades legislativas que no le conciernen, al fijar un plazo de 35 años para la concesión del servicio funerario y de cremación a la firma Pieve Salud, siendo que el órgano competente de fijar “ los requisitos, modos y condiciones para el otorgamiento de la concesión es el Concejo Deliberante, según lo establece el artículo 103 de la Carta Orgánica Municipal.

Denuncia

En otro escrito ante el secretario e Ambiente y Servicios Públicos; Mariano Castelli, con fecha 27 de enero, los concejales expresaron que “ venimos a denunciar las violaciones cometidas por la secretaría  de Servicios Públicos y Ambiente, en el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental y Social, solicitado por la firma Pieve Salud SA con el fin de obtener la habilitación de un crematorio, para que se le otorgue la  prestación de servicios funerario y  crematorios.

En el escrito de seis carillas detallan lo que consideran irregularidades en todo el proceso, en razón de que no cumplió con las etapas previas, previstas en uno de los artículos de la Ordenanza 12745, que regula el procedimiento de evaluación de impacto ambiental y social para la jurisdicción de la Municipalidad de la Ciudad de Salta.

Indican por ejemplo que el 14 de enero de 2021, el proponente (la empresa Pieve) presentó el estudio de impacto ambiental y social , que  “no debió ser recibido por encontrarse incumplida la etapa anterior; sin embargo ese estudio fue aceptado por el secretario Legal y Técnico, quien además no es autoridad de aplicación”

Para los concejales, otra situación irregular se dio por el hecho de que , el 1 de marzo de 2021, la subsecretaria de Política y Control Ambiental emitió la Declaración de Impacto  Ambiental, (D.I.A.S)instrumento que debe emitirse con posterioridad a la audiencia pública, audiencia  que se concretó nueve meses después, cuando la audiencia es una condición esencial para el dictado de la Declaración de Impacto Ambiental.”.

“Quedando en evidencia el procedimiento defectuoso de las múltiples etapas del procedimiento, venimos a denunciar la irregular tramitación del  Estudio de Impacto Ambiental y Social (EIAS) en disconformidad a la ley provincial 7070 y la Ordenanza 12745 y por ello solicitamos la nulidad de todo  el procedimiento”. Los concejales advirtieron que en caso de que nos se hiciera lugar, procederían con un recurso de amparo.

Los concejales que piden la nulidad de todas las actuaciones trabajan ahora en un recurso jerárquico ante la intendenta.

A continuación, el texto de la resolución 015, que rechaza el recurso de reconsideración de los concejales:

 

 

 

 

 

 

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