Denunciaron penalmente a todos los vocales del Tribunal de Cuentas Municipal. Omitieron investigar pagos oficiales sin respaldo

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La presentación ante el Procurador General la hizo el diputado provincial Carlos Zapata.

Sostiene que “ no actuaron, con la finalidad clara de que se consume una exacción o sustracción del patrimonio estatal que tenían a su cargo custodiar”.

Los desembolsos  sin respaldo pertenecían a la partida Subsidios, Subvenciones y Becas.

La Municipalidad tuvo que hacer un plan de pagos con AFIP por varios millones en concepto de Impuesto a las Salidas No Documentadas.

Ese gravamen, se aplica a quien realiza una erogación que carece de documentación.

» Los contribuyentes de la Municipalidad de Salta tuvieron que hacerse cargo de un impuesto evadido por los funcionarios públicos».

También está denunciado el ex Procurador General municipal, Juan Agustín Pérez Alsina.

Se solicita que  los vocales sean investigados en los términos de los artículos 248 y 249 del Código Penal.

 (Salta 13 julio 2021) – Los miembros del Tribunal de Cuentas Municipal (TCM) fueron denunciados penalmente ante la Procuración General por incumplimiento de los deberes de funcionarios público, por peculado en torno a situaciones, que pueden configurar delito y en las que, según consignan los expedientes que se acompañan, el organismo de control no actuó para determinar daños fiscales y perseguir a los funcionarios responsables.

La denuncia está formulada contra los vocales del TCM Sócrates Constantino Paputsakis, Rafael Segundo Estrada, Jorge Martín Diez Villa, Oscar Arnaldo Blasco y Fernanda del Valle Yanaquis y contra el entonces Procurador General de la Municipalidad, Juan Agustín Pérez Alsina.

La acusación fue presentada por el diputado provincial Carlos Zapata, del partido Ahora Patria con el patrocinio del abogado Gonzalo Guzmán, quien es a su vez, titular de la entidad civil Salta Transparente, que brega por la transparencia y el acceso a la información pública para la acción ciudadana.

La denuncia ante el Procurador General de la provincia se basa en dos actuaciones que se tramitan ante juzgados federales con asiento en Salta, con acciones iniciadas por  la AFIP , ante la Unidad Fiscal Federal de Salta por el delito de evasión fiscal, contra la Municipalidad  de la Ciudad de Salta (Juzgado Federal N°1) y contra el Concejo Deliberante (Juzgado Federal N°2).

Esas denuncias por evasión tributaria tuvieron origen en el Impuesto a las Salidas No Documentadas, gravamen que se aplica quien realiza una erogación que carece de documentación, o que la documentación se considere  apócrifa.

El denunciante sostiene en este sentido, que “el Estado Municipal efectuó erogaciones de dinero sin identificar al beneficiario y sin el correspondiente respaldo documental”.

Indica el texto de la denuncia que “ como consecuencia de ello, la Municipalidad de la Ciudad de Salta resolvió acogerse a planes de facilidades de pagos ( identificados bajo el código L 202.853 y J956941) por cifras millonarias lo que evidentemente comprometió seriamente el patrimonio de la Municipalidad”.

Los fondos públicos que la Municipalidad pagó sin respaldo, es decir sin detallar quiénes eran los beneficiarios o destinatarios, pertenecían a la partida presupuestaria 1.3.1 (Transferencia Corrientes al Sector Privado – Subsidios, Subvenciones y Becas).

El planteo explica que esos fondos “fueron ejecutados por el Departamento Ejecutivo Municipal y la Presidencia del Concejo Deliberante de la Ciudad de Salta como partida presupuestaria 1.3.1.02 “Becas, Subvenciones y subsidios CD” correspondiente a los Ejercicios 2011, 2012 y 2013.

La presentación ante el Procurador señala que, según expresó la AFIP en su acción judicial, “la excepción de efectuar la rendición de cuentas no enerva la obligación de todo funcionario público de emitir el respectivo comprobante o documentación de respaldo de toda salida de fondos “públicos” o en su defecto la presentación de la correspondiente declaración jurada”.

Añade que “de las actuaciones de fiscalización realizada por la AFIP se pudo detectar la existencia de erogaciones realizadas sin documentación respaldatoria que permitiera identificar a los destinatarios de tales fondos, como así también la existencia de operaciones efectuadas con contribuyentes de perfil apócrifo o sin capacidad económica”. Ello motivó que” el organismo nacional formulara denuncia penal por encontrar prima facie configurado el delito previsto en el articulado del Régimen Penal Tributario, por la participación de funcionarios públicos, a partir de la omisión maliciosa en la presentación de declaraciones juradas del impuesto a las salidas no documentadas”.

Expresa el diputado Carlos Zapata que “ frente daño al erario público municipal  descripto , correspondió de acuerdo a la normativa vigente que los vocales del Tribunal de Cuentas y el entonces Procurador General de la Municipalidad de Salta, inicien una serie de medidas tendientes a determinar la responsabilidad de los funcionarios públicos vinculados a la evasión”.

Destaca que “para evitar la persecución penal se realizaron planes de pagos millonarios que son o fueron abonados con fondos municipales y no con fondos propios de los funcionarios responsables de los ilícitos investigados”.

“Con el pago pretendieron neutralizar la acción penal tributaria, obteniendo con ello un beneficio en cuanto a la extinción de la sanción penal, para evitar así la responsabilidad patrimonial y penal personal que les cabe”.

Zapata aclara que el 27 de enero de este año puso en conocimiento de la situación a la titular del Ejecutivo Municipal, a quien hizo conocer la irregularidades denunciadas, que señaló su preocupación por el silencio del Tribunal de Cuentas a pesar de saber de las irregularidades  y dice “ tener conocimiento que su presentación a la intendenta, fue remitida al Tribunal de Cuentas”.

La denuncia describe luego todas las atribuciones y responsabilidades y deberes que tienen los miembros del TCM y sostiene inmediatamente que “ Las conductas desplegadas por los funcionarios municipales denunciados, encuadra en los delitos tipificados por el art. 248 y 249 del Código Penal.

Dice respecto del Procurador Municipal que es su obligación accionar judicialmente contra funcionarios que hubieren provocado daño al patrimonio comunal y dentro de los plazos de prescripción previstos por la ley civil.”

Para el legislador “los funcionarios públicos denunciados al encontrarse ante el deber jurídico de actuar de un modo determinado (Ordenanza 5.552 art. 13, 32, 34 ss y cc) no lo hicieron, con la finalidad clara de que se consume una exacción o sustracción del patrimonio estatal que tenían a su cargo custodiar. Concretamente tenían la obligación de investigar y perseguir el recupero de los fondos evadidos por los funcionarios públicos que generaron la ruina de la administración pública en varios millones de pesos”.

Peculado e impunidad

En otra parte de la acusación, al describir el tipo penal que cabría aplicar  se consigna que “ la norma penal no exige que el funcionario púbico obtenga provecho económico o engrose su patrimonio como consecuencia de la conducta delictiva desarrollada: Basta, a criterio de esta parte, que se “sustraiga” o deje de “percibir” caudales sobre los que el estado municipal tenía derechos, por acción u omisión del o los funcionarios a cuyo cargo se encontraba el deber de custodia de dichos fondos, los que en primer término se distribuyeron entre sujetos no identificados y sin la debida documentación concretándose erogaciones de fondos públicos, como así también, con posterioridad se sustrajo del patrimonio estatal fondos públicos para pagar un impuesto evadido por los mismos funcionarios municipales, responsables penal y patrimonialmente, cuyos actos no fueron controlados por quienes debían hacerlo, ni se generaron acciones concretas a fin de restablecer los fondos del erario municipal. Todos fondos públicos que estaban bajo custodia de los funcionarios actuantes”.

«El bien jurídico cuya afectación debe conmover la conducta prevista en el delito de peculado es el patrimonio estatal, y es una forma calificada de protección de la propiedad, tanto por ser de la Administración, como por estar a cargo de un funcionario al que se le ha encomendado precisamente su “cuidado” o “percepción”.

«En concurso con el delito de peculado, que puede cometerse de diversas maneras, incluso al renunciarse a la debida percepción de los caudales públicos, dicho Ministerio Público podrá apreciar que los funcionarios públicos, tampoco controlaron, quizás pretendiendo su impunidad, que los actos administrativos, y planes de pagos que perfeccionaron obligando al Estado Municipal, permitían dejar impune el accionar de los funcionarios que llevaron adelante el endeudamiento fiscal, por ende no formularon denuncia penal alguna.

Advierte después que “el municipio no debe hacer caer el perjuicio de los actos delictivos de sus empleados o administradores en las espaldas de los contribuyentes que aportaron al erario para que existiera la partida “Becas y Subsidios” cuyos fondos desaparecieron y que luego ante la Fiscalización de AFIP los contribuyentes de la Municipalidad de Salta tuvieron que hacerse cargo de un impuesto evadido por los funcionarios públicos administradores de dichos fondos”

Secsa y Arcadio

En la denuncia se cita también otra causa con intervención de la Justicia Federal, que al investigar una maniobra de evasión fiscal con facturas apócrifas de las empresas SECSA y Arcadio, adjudicatarias  de  obras públicas municipales y provinciales.

De esa causa federal surgieron una serie de delitos atribuidos a los imputados, muchos de los cuales dan cuenta de la emisión de facturas apócrifas.

Algunas de esas facturas fueron  emitidas desde la dirección de IP de la mismos servidores de la Municipalidad, y  además fueron pagadas por las arcas municipales a proveedores como SECSA que se comprobó resultaban apócrifos, sin capacidad operativa para prestar el servicio u obra abonada por el Municipio.  

Se recuerda en el texto ante el Procurador que la AFIP determinó que la empresa SECSA no poseía personal, no registraba domicilio operativo, no poseía bienes, sus socios carecían de capacidad económica, tenía domicilio en el estudio jurídico de un ex empleado municipal, que se desempeñaba como funcionario público provincial y sin embargo, ante tan grave situación tampoco el TCM ejerció el control que le correspondía, siendo que el Municipio realizó pagos por más de $ 12.000.000 a  esa empresa fantasma.

Pan Solidario

Se incluye como parte de la denuncia la causa denominada Pan Solidario, caratulada, con el detalle del expediente Nº 38496/18 correspondiente al Juzgado Federal de Salta Nº2.

Se trata de fondos pagados por la empresa estatal con cheques a proveedores apócrifos, que  terminaron siendo acreditados en cuentas de personas registradas como empleados públicos de la provincia y el municipio.

“Una sociedad del estado utilizó facturas falsas para ocultar una erogación de dinero del estado, con destino, en muchos casos a cuentas particulares de funcionarios públicos, que habrían utilizado dicho respaldo documental falso para distraer fondos estatales”.

 

 

 

 

 

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